Muy a principios de su administración, a finales de enero de este año, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó públicamente la estrategia
denominada “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en
Veracruz”, diseñada y avalada por organismos sociales y feministas afines a su
gobierno.
El lanzamiento oficial se llevó a cabo durante un acto al que acudieron la
representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez.
El objetivo de dicho programa, según lo expuesto entonces por el titular del
Ejecutivo estatal, es “poner en marcha todo el aparato gubernamental, a los
ayuntamientos y exhortar a los poderes Legislativo y Judicial a erradicar la
violencia feminicida que prevalece en la entidad”.
Asimismo, el gobernador García Jiménez se comprometió a cumplir con “el
mandato constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos
humanos, particularmente de las mujeres, en virtud del contexto social de máxima
violencia que impera contra la población femenina”.
En su alocución, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que durante su mandato “los
delitos contra las veracruzanas no tienen cabida” y aseguró que se respondería a
los compromisos demandados por la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres decretada para Veracruz en administraciones anteriores “a través de la
agenda legislativa y en la administración y procuración de justicia”.
A casi 10 meses de haber sido puesto en marcha y en la víspera del primer
informe de labores de García Jiménez, la “Cero Tolerancia a la Violencia contra
las Mujeres y las Niñas” es letra muerta en Veracruz. No solo no se detuvo la
violencia en su contra, sino que hubo incapacidad manifiesta para evitar que
aumentara e incluso se le ha solapado desde el propio gobierno estatal.
En lo que va de esta administración estatal se reportan más de 200 asesinatos de
mujeres en la entidad, así como una escalada de abusos y violaciones sexuales
en municipios como Boca del Río y Veracruz. Agresiones que si bien evidencian
una inadecuada política de prevención de la violencia, una elevada impunidad y el
fracaso de la estrategia gubernamental, a fin de cuentas corresponden a factores
externos al propio gobierno.
Lo que no tiene justificación y deja ver la hipocresía y doble rasero en el discurso
es que sea el mismo gobierno estatal el que proteja a los agresores de mujeres,
como sucede en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, donde
dos trabajadoras de dicha dependencia denunciaron por acoso sexual y
hostigamiento laboral a Rafael Ceballos Ruiz, quien funge como secretario
particular de la titular, María del Rocío Pérez Pérez.
En su denuncia de hechos presentada el pasado 27 de mayo, una de las
afectadas, Yael Rentería, relató la manera como Rafael Ceballos Ruiz la acosó de
manera soez y enfermiza –incluso enviándole videos pornográficos-, jactándose
de ser “protegido” de Pérez Pérez y “amigo íntimo del C. Gobernador” por su
trabajo en campaña. Al no obtener respuesta favorable, buscó entonces
perjudicarla presionando desde su puesto para su cese laboral, a través de
calumnias.
Cuando la víctima hizo del conocimiento de sus superiores jerárquicos la situación
que enfrentaba –con pruebas de las vulgaridades e insultos que Rafael Ceballos
Ruiz le enviaba a través de mensajes- y a su vez ellos se la plantearon a la
secretaria María del Rocío Pérez Pérez, la respuesta de la funcionaria fue
desvirtuar los dichos de Yael Rentería, instándola en cambio a presentar una
denuncia, misma que como ya se indicó, fue interpuesta por la afectada el 27 de
mayo ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Niños y Trata de Personas del Estado de Veracruz, así como
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos al día siguiente, el 28 de mayo.
Asimismo, Yael Rentería presentó otra denuncia por los mismos hechos ante la
Dirección General de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno,
misma que se la turnó de regreso al Órgano Interno de Control ¡de la propia
Secretaría de Medio Ambiente! ¿Adivina cuál fue el resolutivo?
El pasado jueves 7 de noviembre, la titular del Órgano de Control, María de
Lourdes García Durán, determinó “la presunta existencia de falta administrativa no
grave atribuible al servidor público de datos personales protegidos R.C.R. en el
ejercicio de su cargo como secretario particular de la Secretaría de Medio
Ambiente del Estado de Veracruz”, y procedió a “elaborar el informe” a efecto de
“ser presentado ante la autoridad substanciadora”.
En medio de este desgastante proceso, la víctima –que se sometió a pruebas para
determinar el daño psicológico que le han causado- tiene que convivir con su
agresor todos los días, pues ninguna autoridad ha solicitado por lo menos el
cambio de adscripción para alguno y siguen laborando en el mismo centro de
trabajo, con lo que eso implica. Prueba de que los cursos y los protocolos de
protección de derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres les
importan un sorbete en el gobierno de la “4T” veracruzana.
Pura verborrea. Igual que antes. Igual que siempre.
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